Por: Marta Lucia Ramírez
Vicepresidente de la República
El país debe enfrentar día a día enormes desafíos para mitigar la crisis sanitaria derivada del COVID: proteger la salud, garantizar el abastecimiento de alimentos a todos los colombianos y recuperar aceleradamente la actividad productiva para defender los empleos y evitar el descalabro económico.
Nuestro mayor reto es que todos los servidores públicos ordenadores del gasto a nivel nacional, regional y local asumamos con claridad meridiana que la transparencia en la ejecución de los recursos es una obligación, no una opción. Es imperativo cumplir y aplicar las normas que rigen al amparo de la Declaratoria de Emergencia Económica y Social en contrataciones de urgencia manifiesta y el uso de recursos públicos destinados a mitigar los efectos de la pandemia. Distraer esa sagrada obligación, trae consecuencias penales, fiscales y disciplinarias, que se agravan ante la condición de emergencia y máxima vulnerabilidad que ha tocado la fibra más sensible de nuestra sociedad.
No permitiremos que la corrupción y el despilfarro nos ganen la partida favoreciendo a los corruptos que aprovechan los decretos de agilidad para la contratación cuyo único fin es el de llegar eficaz y oportunamente a fortalecer el sector salud para proteger la vida y salud de todos los ciudadanos.
La Pandemia del COVID-19 ha llevado al mundo entero a unas condiciones extremas con afectaciones a las condiciones financieras, de salud, así como a la volatilidad en los precios de los productos esenciales y Colombia no ha estado exenta de ellas.
La fuerte caída del precio del petróleo disminuyó ingresos para la Nación, y al mismo tiempo disminuyen los ingresos, y a las regiones les redujo regalías justo cuando más apremiantes son las necesidades de salud. En marzo alcanzamos índices de desempleo de hasta el 12,6%, la tasa más alta en la última década. Necesitamos enfrentar con entereza los enormes retos de hoy, pues hay más necesidades y menores recursos para atenderlas.
Desde la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, hacemos un llamado para que la ejecución y gestión de recursos, se haga de manera transparente y con amplia participación de veeduría ciudadana para impedir malversación y desvíos. Estamos actuando sin excepción, ante toda información de corrupción y no ahorraremos esfuerzos para vigilar que los recursos de los colombianos se inviertan de manera razonable, limpia y para el fin trazado.
Muchos Alcaldes, gobernadores y servidores públicos ordenadores del gasto, han atendido nuestra invitación para trabajar conjuntamente en prevención pues hoy más que nunca debemos asumir la responsabilidad de ser austeros, hacer inversiones que se traduzcan en soluciones para el sector salud y para los afectados por la crisis sanitaria; reducir costos administrativos, evitando cualquier gasto innecesario para asegurar que la totalidad de recursos se dirijan a la única prioridad: la vida y el empleo de los colombianos.
La corrupción no se limita al fraude, la desidia y la permisividad. Como servidores públicos, también hay corrupción cuando no se denuncia con inmediatez conductas presuntamente irregulares y delictivas.
De la mano de los jefes de control interno de cada entidad, de los organismos de control del Estado y con el apoyo de denuncias ciudadanas, haremos seguimiento a cualquier contrato que resulte sospechoso.
Nuestro Grupo de análisis de peticiones y reclamos está atendiendo las quejas y alertas de las comunidades, requiriendo información a las autoridades y solicitando los correctivos a lugar e informando los respectivos hechos a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General de la República, para la efectiva investigación, sanción disciplinaria y recuperación de los dineros públicos, entre otros.
Publicada en El Espectador
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