Por Marta Lucía Ramírez
Vicepresidente de la República
Desde el inicio de este Gobierno, hemos robustecido la lucha contra la corrupción, con un trabajo integral que involucra avances normativos y estrategias encaminadas a hacer más transparente la gestión pública y privada, así como a incentivar la denuncia ciudadana sobre anomalías en el manejo de los recursos del Estado.
En conjunto con la Secretaría de Transparencia, hemos impulsado diversas iniciativas, para frenar los actos de corrupción e implantar una cultura de la legalidad e integridad.
Con la Ley 2014 de 2019, cumplimos lo prometido en campaña: no más casa por cárcel para quienes cometan delitos que afecten el patrimonio público. También se ampliaron las inhabilidades para contratar con el Estado, cuando se trate de grupos empresariales de personas condenadas por corrupción.
Igual sucedió con nuestro compromiso hoy contenido en la Ley 2013 de 2019, que obliga a todos los altos funcionarios a publicar su declaración de bienes y rentas, así como registrar sus conflictos de intereses. Esta norma busca aumentar la transparencia de los servidores públicos y proveer información a la ciudadanía. Al 30 de junio de este año, 95.869 funcionarios elegidos por voto popular, incluido el Presidente de la República; así como magistrados, jefes de organismos de control, ministros y gerentes públicos, habíamos cumplido con la publicación de dichos documentos.
Otro golpe contundente contra el despilfarro de los recursos públicos fue la sanción de la Ley 2022 de 2020, que implementa los Pliegos Tipo para toda la contratación del Estado. De esta manera, pusimos fin a los llamados pliegos sastre, hechos a la medida de un contratista. Esta figura comenzó con las obras de infraestructura de transporte, y ya muestra resultados tangibles: antes de su entrada en vigencia, el 85% de los contratos tenían un solo oferente. Hoy, según datos de Colombia Compra Eficiente, las entidades que aplican los Pliegos Tipo obtienen un promedio de 35 oferentes por cada contrato.
Nuestra agenda anticorrupción también involucra a los ciudadanos. Con la Secretaría de Transparencia, pusimos en marcha la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, RITA, una herramienta para que la ciudadanía cuente, en cada, entidad con un oficial competente para recibir quejas o informes relacionados con corrupción.
Además, concretamos soluciones para sacar del limbo obras paralizadas. Con la Ley de Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas se crean los mecanismos para culminarlas o demolerlas, si ponen en riesgo a los ciudadanos.
En el ámbito territorial, desde las 32 Comisiones Regionales de Moralización, se trabaja en prevención de la corrupción en proyectos que involucran recursos públicos por cerca de $2.5 billones de pesos.
Para seguir avanzando, en las próximas semanas, presentaremos un proyecto de ley integral de lucha contra la corrupción, unificando todas las propuestas evaluadas durante las sesiones de la Comisión Nacional de Moralización, con el propósito de construir una iniciativa integral que permita enfrentar este fenómeno de manera preventiva, conociendo los beneficiarios de los actos de corrupción y reforzando las herramientas que tienen las entidades para atacar a los corruptos.
Desde el Gobierno, seguiremos cumpliendo, con firmeza, el compromiso de cortar de raíz uno de los mayores males de Colombia: la corrupción, que ha permeado todas las instancias de la sociedad y ha truncado los anhelos de desarrollo de las regiones del país. Nuestra meta indeclinable es consolidar la transparencia, integridad y legalidad para lograr una Colombia equitativa, en la que todos los sectores tengan garantizados sus derechos, gracias al uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
Publicada en El Espectador
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