Bogotá, 5 de enero de 2021 (@ViceColombia @STransparencia). Con el objetivo de proteger los intereses de la ciudadanía y garantizar que los dineros públicos se ejecuten de manera transparente, en 2020, la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia pusieron en marcha importantes estrategias de lucha anticorrupción.
 
Se suscribieron Pactos de Transparencia e Integridad con 166 alcaldías y 30 gobernaciones y se capacitaron 15.500 servidores públicos. Así mismo, se firmaron 12 Pactos de Integridad y Transparencia con 56 gremios, que agrupan 37.499 empresas y representan cerca del 34% del Producto Interno Bruto -PIB- del país, comprometidos con las buenas prácticas, la integridad empresarial y el compliance.
 
Con las entidades que conforman la Comisión Nacional de Moralización, se logró, en el primer semestre de 2020, mitigar riesgos identificados en el sector salud. Y durante el segundo semestre del año, en un trabajo liderado por el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, se construyó un proyecto de ley unificado en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, radicado en el Congreso en octubre pasado, con el cual se le pondrá freno a los corruptos. 
 
Al mismo tiempo, se potenciaron las 32 Comisiones Regionales de Moralización en todo el país como una estrategia regional para la prevención de la corrupción y la consolidación de la cultura de la integridad, legalidad y transparencia.
 
Herramientas de apoyo
 
Desde la puesta en marcha de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, RITA, en noviembre de 2019, los ciudadanos cuentan con un canal confiable de denuncias sobre posibles actos indebidos en el interior de las instituciones públicas, contribuyendo así, al objetivo de cero tolerancia con los corruptos.
 
A la fecha, se han recibido 214 reportes de posibles hechos de corrupción, a través de 190 Oficiales de Transparencia en entidades nacionales y territoriales, las cuales han sido informadas a las autoridades competentes.
 
Así mismo, desde el 17 de diciembre de 2020 el país cuenta con dos nuevas y poderosas herramientas creadas para reducir los espacios de opacidad y la falta de información. Una de ellas es el Índice Nacional Anticorrupción (INAC), con el cual se detectan las debilidades existentes en las instituciones públicas, para corregirlas. En su fase inicial, mide a 82 entidades del nivel nacional y para este 2021, se realizará la medición de las gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales del país.
 
También se puso en marcha el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO), un mecanismo que permite interoperar datos para producir análisis y alertas tempranas, así como registrar denuncias y conocer indicadores sobre la corrupción en el territorio nacional. PACO recoge, a nivel nacional, 54.912 sanciones disciplinarias publicadas en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI, sistema administrado por la Procuraduría General de la Nación que puede conocer ingresando a portal.paco.gov.co.
 
Sumado a esto, se lograron importantes avances legislativos haciendo realidad la Ley 2022 de 2020, también conocida como Ley de Pliegos Tipo, y la Ley 2042 de 2020, por medio de la cual se otorgan herramientas para que los padres de familia realicen vigilancia al PAE. A estas se suman, la Ley 2020 de 2020 que creó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, y la Ley 2016 de 2020, por medio de la cual, se adopta el Código de Integridad del servidor público colombiano.
 
El 2021 será un año de prevención
 
Entre los objetivos de 2021 se destacan la discusión y defensa, en el Congreso de la República, del Proyecto Integral de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, así como el seguimiento y fortalecimiento de la Estrategia Territorial y el avance de los Pactos de Transparencia, con más sectores económicos y con más entidades territoriales.
 
De igual manera, la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia seguirán implementando férreas políticas en los procesos de las entidades públicas, y su relación con los ciudadanos, que permitan prevenir actos de corrupción y recuperar la confianza en el Estado.