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Recuperación de activos y extinción de dominio, determinantes para combatir la corrupción: Vicepresidenta

  • “Solo con acciones conjuntas lograremos desarticular las bandas criminales que quieren mutar del narcotráfico a la corrupción, o que utilizan los bienes del Estado para lavar sus activos”.
  • “No podemos permitir que los entramados societarios vengan a nuestra Colombia a desconocer la ley, a saquear nuestros recursos y a tomarlo como base de sus operaciones”.

Bogotá, 29 de octubre de 2019. (@ViceColombia).  “Estamos obligados moral, constitucional y legalmente a disponer de todos nuestros esfuerzos para combatir y erradicar el lavado de activos, dijo hoy la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez al intervenir en la conmemoración del VII Día Nacional de la prevención del lavado de activos, que se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá.

“Recuperación de activos y extinción de dominio de manera decidida, resultan determinantes en casos de corrupción. Es lamentable que instancias como la Contraloría General de la República no cuente con las herramientas jurídicas suficientes para recuperar los activos robados por delincuentes, sobre todo los ubicados en el exterior”, afirmó.

Dijo que “hay procesos, por ejemplo, en los que se estableció responsabilidad fiscal hasta por valor de 292 mil 156 millones de pesos y el Estado tan solo ha podido recuperar 24 mil 717 millones de pesos”.

La alta funcionaria recordó que históricamente Colombia se destaca por su lucha contra el narcotráfico, en cumplimiento de lo ordenado por la Constitución, y que “no obstante, desde el punto de vista del derecho comparado, el delito de enriquecimiento ilícito no tiene rango constitucional, se contempla en las normas penales”.

Agregó que el gobierno trabaja desde varios frentes para acabar con las organizaciones criminales y cercarles el paso, e hizo un llamado a la sociedad para que asuma ese desafío.  “El crimen organizado en sus redes transnacionales se ha fortalecido y se ha vuelto más sofisticado gracias a la tecnología y a la globalización; por esta razón, es nuestra obligación estar coordinados, ser más eficaces y sofisticados que ellos, aprovechar todas las capacidades tecnológicas desde el Estado y desde el sector privado, para detectar y desarticular y poder congelar todos estos activos. El desafío es nuestro, el desafío es de ustedes, el desafío es de la Colombia de hoy”.

Durante su intervención, la Vicepresidente se refirió al informe de la GAFI (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), publicado en noviembre de 2018, el cual señala que, durante los años 2014 y 2017, en proceso de extinción de dominio, se encontraban 13.941 activos con medidas cautelares por un monto de 17 mil millones de pesos. El mismo informe señala que, entre enero y junio del 2017, se extinguieron 166 activos por un valor de 376 mil millones de pesos.

Agregó que es necesaria la articulación, cruces de información y acciones mancomunadas de todas las autoridades. “Solo con acciones conjuntas se puede lograr una desarticulación de las bandas criminales que quieren mutar del narcotráfico a la corrupción o que utilizan los bienes del Estado para lavar sus activos”.

La Vicepresidente aseguró que pese a los avances del Estado, las tareas son múltiples y aún continúan los retos en delitos como la evasión directa de impuestos los cuales deben ser incluidos;  o comenzar con las discusiones más profundas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas que es una recomendación de GAFI y de  la Convención Anticohecho de la OCDE.

“Con la OCDE firmamos un memorando de entendimiento para que buena parte de la cooperación hacia Colombia se concentre en la prevención y la transparencia, para evitar el lavado de activos, la corrupción y el contrabando por todas las consecuencias negativas que tiene para el país. No podemos permitir que los entramados societarios vengan a Colombia a desconocer la ley, a saquear nuestros recursos y a tomarlo como base de sus operaciones”, enfatizó.

Agregó que la Ley 1178 de 2016, que busca sancionar a las personas jurídicas en soborno trasnacional, no es suficiente; esta nació para el cumplimiento de estándares OCDE y solo relacionada con acciones de soborno a un funcionario extranjero. “Tenemos que lograr que cualquier tipo de soborno, cohecho y de corrupción por parte de algún funcionario público, esté debidamente sancionado drásticamente”.

Señaló que Colombia nos resiste un segundo Odebrecht. “Es verdaderamente lamentable que a pesar del fortalecimiento institucional que aparentemente hemos tenido, nuestro país en contraste con lo que ha sucedido en otras naciones de la región, ha sido incapaz de poner sanciones drásticas a quienes han estado involucrados en el caso Odebrecht”, explicó.

Reveló que a través de la Secretaría de Transparencia, que lidera su Despacho, el Gobierno Nacional -atendiendo la Recomendación 12 de la GAFI-, estudia la modificación al decreto de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), con el fin de incluir, a representantes legales de organizaciones internacionales, a personas jurídicas de naturaleza privada en calidad de beneficiarios, y, a Contratistas del Estado, y,  crear el registro PEP.

Así mismo recordó que el Gobierno presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley Pedro Pascasio, denominado así en honor al niño de 11 años de edad que no se dejó sobornar de un General Español en la Batalla de Boyacá. Este proyecto contempla, entre otras medidas: protección al denunciante, levantamiento de velo corporativo y sistema de beneficiario finales. “Tenemos ya ponencia favorable y esperamos que se vuelva ley en el corto plazo”.

Finalmente, la Vicepresidente celebró el memorando de cooperación suscrito hoy entre la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC y la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF con el fin de lograr las articulaciones interinstitucionales para el intercambio de información y el cumplimiento de los estándares, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

  

 

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