Especiales Vicepresidencia

Discurso

Palabras de la Vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, en el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción y firma de la Ruta Colombiana de la Integridad Empresarial, con el sector Minero-Energético

Bogotá, 20 de agosto de 2019 

Tal como tuve oportunidad de expresarlo durante el foro de la ANDI, que se realizó el pasado viernes en la ciudad de Medellín, el Presidente Iván Duque y yo, somos unos firmes convencidos de la apuesta por transformar a Colombia en un país que se caracterice por el cumplimiento de la ley, por el desarrollo empresarial y el compromiso de toda la sociedad, por lograr una mayor inclusión social y reducir al mínimo la desigualdad entre nuestros ciudadanos y nuestras regiones. 

Estamos convencidos de que el principio de la legalidad debe convertirse en la norma de conducta de todos los ciudadanos, desde el más sencillo hasta el más encumbrado, porque, por supuesto, entre mayor sea la dignidad, es mayor la responsabilidad. Colombia es un país donde el incumplimiento de la ley no trae consecuencias, o estas son muy pocas, o se aplican dependiendo de quién es el infractor. El principio de legalidad debe ser la esencia del Estado de Derecho, queremos una sociedad que conozca con claridad las normas que regulan, tanto los derechos como los deberes de cada ciudadano, y que sepa que las normas son de obligatorio cumplimiento para todos.

El principio de la legalidad no es otra cosa que la derivación del principio del respeto esencial, también de una sociedad; sólo una sociedad respetuosa, de los derechos y la dignidad de cada uno, respetuosa de la palabra empeñada en los contratos y las leyes, es una sociedad que puede progresar. Nuestra convicción es la de impulsar el desarrollo económico, basados en el crecimiento empresarial, la iniciativa privada y el estímulo a la generación de una riqueza bien habida que, de manera legítima, genere un capitalismo responsable y solidario; en el cual, ojalá muy pronto, podamos ver que, en lugar de la discusión periódica sobre el salario mínimo, logremos un sistema en el que se incremente la productividad de las empresas, la rentabilidad de los accionistas y, por supuesto, la remuneración de los trabajadores, mediante bonos que reconozcan la productividad de los mismos y su contribución a las mayores ganancias de las empresas.

Estamos convencidos de que el desarrollo empresarial de Colombia tiene un margen de mejoramiento muy amplio y que, a mayor estímulo y mayor sentido de pertenencia de los trabajadores, mayores serán los beneficios y la rentabilidad de las empresas, así como la posibilidad de generar millones de empleos y los nuevos emprendimientos que nuestro país necesita para lograr el mejoramiento sostenido del ingreso en las familias colombianas. Y así, darle continuidad a la reducción de los niveles de pobreza extrema y de pobreza monetaria, en lo que estamos empeñados, tal como quedó planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.

Desde la época de la colonia, a propósito de la conmemoración del Bicentenario, debemos tener en cuenta que el sector de la minería ha contribuido al crecimiento y desarrollo nacional. En ese entonces, los principales productos de exportación de nuestro país fueron el oro y la plata. Con esa minería, Colombia logró integrarse como república independiente en la economía mundial, configurando una red de caminos de herradura que sirvieron para el comercio de los metales preciosos y, poco a poco, sirvieron para la colonización de baldíos que dieron lugar, posteriormente, a la generación de ingresos por exportaciones y al aumento de consumo de bienes manufacturados. Fue entonces cuando nuestro país empezó un desarrollo empresarial que, cada vez, se fue formalizando, y la liberación de la esclavitud se convirtió en un hecho. 

Desde mediados de siglo XIX, se abrieron las primeras empresas mineras en Antioquia y, desde entonces, iniciaron mejoras pendientes para elevar la productividad, escalar la actividad extractiva e incorporar modelos de organización y de explotación más eficientes. Desde aquel momento, hemos reconocido la importancia del capital extranjero, gracias al cual se mejoró la producción de yacimientos, mediante la introducción de dragas y la explotación de minas de veta que habían sido desestimadas a lo largo de la historia minera regional. 

Posteriormente, se eliminaron los impuestos al comercio del metal, dando todavía mayor auge a la fiebre del oro que se había desatado en el mundo por el descubrimiento natural de las grandes minas de California y Australia. De igual manera, recordamos cómo una de las principales preocupaciones de Antonio Nariño, casi que su obsesión, era lograr los abastecimientos de hierro y de plomo, indispensables en la lucha armada; así se evidencio durante el proceso doloroso de la reconquista. 

Posteriormente, el país encargó al mineralogista alemán Jacobo Wiesner, que vivía en Zipaquirá, emprender la búsqueda de ese indispensable mineral para dar inicio a la campaña contra los ejércitos realistas que ya tenían sitiado a Cundinamarca. Y fue así, como en los alrededores de Pacho, se encontraron las primeras minas de hierro, y en la segunda década del siglo XlX, vimos surgir la base del desarrollo siderúrgico de Colombia. 

Han pasado dos siglos en los que el crecimiento económico de Colombia, ha logrado una diversificación envidiable para muchísimos países, pues no sólo contamos con una industria extractiva abundante en recursos naturales y productos mineros, sino que adicionalmente tenemos un potencial enorme para el desarrollo de la agroindustria, manufacturas y casi todas las Industrias de servicios transables y no transables. 

Con el presidente Iván Duque, estamos convencidos de nuestra apuesta por el desarrollo económico y consideramos que este requiere contar con unas bases empresariales cada vez más sólidas. Por esa razón, en nuestro gobierno estamos empeñados en garantizar unas reglas de juego estables y transparentes, que promuevan el desarrollo empresarial, el crecimiento y una mejor distribución de la riqueza. Bien sabemos las críticas que existen hoy frente a las industrias extractivas y al desarrollo económico basado en recursos naturales. Por eso, trabajamos permanentemente en el fortalecimiento de esa ventaja comparativa, a través de la diversificación de la producción, pero sin caer en el error, como pretenden algunos, de desestimar la importancia de aprovechar de manera sostenible nuestros recursos naturales. 

Queremos promover que, tanto la inversión nacional como la extranjera, lleguen al sector minero energético, de manera unánime, pero exigiendo eso sí, estándares cada vez más elevados de sostenibilidad y mejores prácticas, para garantizar que la asignación de áreas y la extracción, respondan al mejor interés nacional y a la incorporación de los programas de compliance. 

Queremos que las empresas estén altamente comprometidas con la responsabilidad de cumplir con las normas ambientales y en contribuir al desarrollo de las comunidades vecinas en los lugares que se extraen los recursos. Por esa razón, desde finales del año 1999, en el gobierno de Andrés Pastrana, Colombia inicio una revisión de su contrato modelo de concesión para buscar, justamente, condiciones más atractivas para la inversión nacional extranjera, tanto en la exploración como en la explotación petrolera, y desde entonces, nuestro país ha venido comprometido en ese mejoramiento de las condiciones, y simultáneamente, en el mejoramiento de la sostenibilidad.

Así mismo, durante finales de la década de los 90, a finales de siglo XX, con el descubrimiento de pozos como Cusiana y Cupiagua, comenzó a evidenciarse el potencial enorme de los recursos naturales de Colombia. Y es por eso que nuestro sector minero-energético, tiene hoy una gran importancia en todas las principales variables macroeconómicas. Para 2007, el Producto Interno Bruto del sector ascendió a $44 billones (DANE, 2018), equivalentes a un 5,35 % de participación en el total del PIB, aportando regalías por algo más de $ 6,9 billones de pesos (SGR, 2018); exportaciones por USD 20.000 billones de dólares FOB1 (DANE, 2018), equivalentes al 55% del total de exportaciones del país, y representó USD 4,1 billones en inversión extranjera directa (6,65 % del total). 

También, en materia de empleo, es un sector que tiene un precio enorme en la economía, que genera más de 114.356 trabajos. Esta cifra es equivalente a la población de municipios como Montelíbano, conocido por ser productor de Níquel; Ataco, conocido por su producción de materiales de construcción, y Muzo el principal productor de esmeraldas. El Gobierno nacional ha señalado su apuesta por producir conservando y conservar produciendo, pero siempre bajo el pilar irrenunciable de la legalidad. Legalidad que debe ser entendida más allá del simple cumplimiento de las normas, es el compromiso de toda la sociedad, como lo mencioné anteriormente. 

Desde el Plan Nacional de Desarrollo, plasmamos la importancia de estrechar lazos con el sector privado y este principio de corresponsabilidad, por lo cual estamos empeñados en adoptar programas de cumplimiento, Códigos de Ética Empresarial, la firma de pactos de integridad, y también estamos invitando al sector empresarial,  a que se convierta en parte activa de la ruta por una Cultura de la Integridad, que nos aleje para siempre de esa cultura gris, facilista, muchas veces corrupta que amenaza a nuestras instituciones y nuestra cohesión como país. No podemos dejar que las conductas contrarias a la ética y al buen desarrollo de la sociedad, se normalicen sin que nuestra sociedad esté totalmente unida para enfrentarlo. 

Por eso, desde la Vicepresidencia de la Republica y la Secretaría de Transparencia, por encargo del señor presidente, hemos venido trabajando, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público, hemos firmado agendas conjuntas de trabajo para la promoción de la integridad y la transparencia con entidades como la ANLA, la DIAN, y los Ministerios de Educación, Transporte, Vivienda y Salud, y por supuesto con el Ministerio de Minas y Energía, a través de la iniciativa EITI.

Al Ministerio de Minas, lo apoyamos en importantes productos como el de yacimientos no convencionales, que se está preparando con la mayor técnica y responsabilidad. A través de asistencia técnica en ley de transparencia y de acceso a la información, y con las herramientas proporcionadas por la concepción de Estado Abierto, pretendemos equilibrar las asimetrías de información entre los múltiples actores, eliminar las opacidades que pueda haber en determinados momentos y evitar que los cierres de proyectos tengan algún grado de oscuridad.

El desarrollo del país y el sector minero energético van de la mano, y así debe seguirlo siendo por el resto de los siglos. Tenemos que evitar que la desinformación se apodere de los proyectos y que las consultas previas y populares se difundan siempre con base científica, de responsabilidad empresarial, con miras al crecimiento sostenible y expansión de oportunidades.

Por esa razón, el Presidente y la ministra, y todo nuestro gobierno, están comprometidos a trabajar para que las consultas previas y populares no se conviertan en una forma también opaca de generar a las empresas que se encuentran en esta actividad, la obligación de pagar recursos totalmente inaceptables, a personas que se califican o que se autocalifican como comunidades y han encontrado en el uso extractivo una fuente ilícita de recursos. Tenemos que apoyar el desarrollo de la minería y de las industrias, y una vez que nuestro gobierno pueda avanzar mucho más en la reglamentación de las consultas previas y populares, estamos seguros de que las señales para el sector productivo serán todavía mejor.

Los compromisos que hemos acordado en desarrollo de este, están orientados a fortalecer, repito, la transparencia, porque es a través de mayor conocimiento, de más acceso a la información pública, de mayor participación ciudadana, de mejor control social, mayor rendición de cuentas y más integridad, que podemos prevenir la corrupción. No basta con preguntarnos cómo podemos aumentar la sanción, tenemos es que ser eficaces en prevenir la corrupción, a través de los mapas de riesgos y todas las medidas que venimos desarrollando, mediante la Secretaría de Transparencia, para evitar el desangre continuo de los recursos en nuestro país.

Con el sector privado firmamos Pactos por la Integridad, pero pensamos que no es suficiente. Es necesario que haya sectores con gran liderazgo y con una capacidad superior, precisamente, porque están mucho más globalizados que otros, para que sean sectores que sirvan de referente sobre cómo contribuir a que Colombia, por fin, derrote esta opacidad en los negocios y, sobre todo, la relación entre los negocios y algunos servidores públicos, que han generado, sin ninguna duda, fuentes enormes de desangre de los recursos del Estado. 

Queremos que la experiencia que tiene este sector en autorregulación, control interno, sea un motor de cambio y que nos sirva, entonces, como referente para continuar en el mejoramiento y la actualización de buenas prácticas en otros sectores de la economía. En esta ocasión, con el apoyo de la Ministra de Minas, de la viceministra, de su viceministro y las agremiaciones del sector, hemos iniciado la Ruta Colombiana de la Integridad Empresarial, con el sector Minero - Energético, con el fin de unir esfuerzos para aumentar los estándares de cumplimiento y también los estándares éticos, en uno de los sectores económicos más importantes para el país. 

Estamos convencidos de la importancia de la integridad, tal como lo señala la OCDE porque la integridad es una cualidad o característica de la conducta individual y del comportamiento organizacional, que también puede considerarse como una virtud individual o nacional, llevando a las personas a actuar de conformidad con valores más elevados, con normas y reglas de transparencia. Por esa razón, con el ingreso de Colombia a la OCDE, el Presidente de la Republica, firmó un memorando de cumplimiento en la sede de la OCDE en París, precisamente, para darle prioridad a la cooperación relacionada con la adopción de estas mejores prácticas para la transparencia y por la integridad, dentro de este marco que se encuentra en la hoja de ruta del Pacto de Cero Tolerancia con la Corrupción, y por supuesto, también en este capítulo de nuestro Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Esta hoja de ruta permite que Colombia cumpla con los compromisos internacionales en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, soborno trasnacional, así como la Convención Anticohecho de la OCDE, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, la Alianza para el Gobierno Abierto y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, entre otras.

En el logro de estos objetivos es clave contar con la colaboración del sector Minero- Energético, para que a través de la gestión abierta y responsable de los recursos del petróleo, gas y minerales, se refleje el compromiso por una mejor gobernanza en el sector extractivo, así como con aquella Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), enfocada en la transparencia y gobernanza del sector.
Esta Hoja de Ruta cuenta con la Integrity App, de Alliance for Integrity, herramienta tecnológica que permite a las empresas realizar una autoevaluación de sus programas de integridad y cumplimiento, de manera gratuita y confidencial, a través de un cuestionario simple y práctico que evalúa los componentes de cumplimiento de las empresas.

Alliance for Integrity es una iniciativa global que proporciona apoyo a las empresas comprometidas a combatir la corrupción de manera colectiva, mediante soluciones prácticas para fortalecer las capacidades de cumplimiento en las empresas y de sus cadenas de suministro. Esta es una industria que tiene, además, esa maravillosa característica, es una industria que genera encadenamientos productivos y contribuye enormemente a la formación de proveedores en esas cadenas de suministros. Adicionalmente, contribuye a la mejoría de las condiciones macro para impulsar el diálogo entre el sector público y el privado.

Somos respetuosos de las decisiones y la autonomía de las empresas, la confianza debe ser un valor que permee a la sociedad, y por eso, los resultados de esta autoevaluación, solamente serán conocidos por la empresa que lo realiza y ni la Vicepresidencia, ni la Secretaria de Transparencia, ni Alliance for Integrity podrán conocer esta información, que se encontrará protegida por la legislación europea de protección de datos. 

La Secretaría de Transparencia dará acompañamiento a las empresas en todo este proceso, con el fin de que, pasados seis meses de haber realizado la primera autoevaluación, las empresas puedan realizar otra evaluación y verificar el progreso, así como el grado de implementación de sus respectivos programas.

Es oportuno señalar que uno de los compromisos más grandes que asumimos durante la campaña con el Presidente Iván Duque, fue el de la lucha frontal y sin descanso contra la corrupción, y así lo ha demostrado este Gobierno en todas sus instancias, y lo seguiremos haciendo hasta el último día. Con la expedición del Decreto 342 de 2019, se adoptaron los pliegos tipo en la contratación pública, y con el liderazgo de la ministra de Infraestructura y Transporte, hemos logrado con la aplicación de estos pliegos tipo, y también con el trabajo de la Secretaría de Transparencia, salvaguardar más de 2.400 millones de pesos. También se activó el Mecanismo de Denuncias de Alto Nivel, con apoyo de la OCDE, que blindará los proyectos de infraestructura más importantes del país, y hemos iniciado recientemente con el caso del Metro de Bogotá. 

También, presentamos un proyecto de ley que, junto con el proyecto presentado por el fiscal de la legislatura anterior, y el que ya había presentado también el Gobierno Nacional, va a permitir, dentro de los estándares internacionales en materia de regulación y transparencia, reforzar la prevención; fortalecer la cooperación interinstitucional que incentive la transparencia a través de la tecnología, con la denuncia, guardando la reserva del denunciante, con la posibilidad inclusive de pagar recompensas a quien suministre información comprobada en el caso de corrupción y con la adopción de plataformas preventivas, porque la lucha contra la corrupción la vamos a dar sin treguas.  

La legalidad y la prevención de los actos de corrupción, son un bastión de un crecimiento sostenible, de un modelo de sistema económico que permita crear empresa, brindar garantías a los empresarios, a los accionistas y también a los nuevos emprendedores. Quisiera terminar esta intervención resaltando que la lucha contra la corrupción, no solamente es algo que debemos hacer, porque hacemos parte de todos estos instrumentos internacionales que ya mencioné, sino porque es un deber ético que tenemos nosotros con los colombianos de hoy, de mañana y de siempre. 

Sabemos que no hay cifras que sean precisas, tenemos desde las cifras que nos daba la Contraloría General de la Republica, hace tres años, cuando mencionaba que la corrupción se había llevado cerca de 90 billones de pesos durante los últimos tres años, y cifras que son más pequeñas, que nos hablan de 17 billones al año. La semana pasada veíamos cifras diferentes, mil millones de pesos al día, cualquiera que sea la cifra es totalmente inaceptable que los hechos de corrupción, que la opacidad en los negocios, que las coimas en los funcionaros, se estén llevando recursos que son indispensables en la educación de nuestros niños, en los programas de alimentación escolar, en el acceso de la población al agua potable, en tantos recursos que la salud y la atención a la tercera edad requieren en Colombia.

Estamos totalmente convencidos de que Colombia es un país que, sin duda, puede convertirse en una potencia de tamaño medio, y justamente el sector de la energía es uno de los sectores que está llamado a ayudar a convertir a nuestro país, en ese país con una visión ambiciosa, como la que todos queremos. Pero un país que sea seguro, educado, que sea emprendedor, que sea justo y desarrollado, tiene que pasar por ese compromiso transversal de todos en la sociedad, de lograr transparencia y una lucha cada vez más eficaz contra la corrupción.

Quiero agradecer enormemente a este sector que, con el liderazgo de la ministra y de su equipo, aceptó esta invitación a convertirse en el conejillo de indias, al ser el primero en firmar este pacto por la transparencia, esta ruta de Colombia por la Integridad Empresarial. Y creo que es muy evidente para nosotros que todos ustedes estacan acá, porque también saben que este es un sector que tiene enormes desafíos y enormes oportunidades.

Este es un gobierno que está totalmente convencido de la importancia de este sector, como lo mencioné ya en intervención. Haremos los mejores esfuerzos para trabajar siempre de la mano, adoptando las mejores prácticas que ustedes, que son empresas globalizadas, han ido conociendo y experimentando a nivel internacional, pero sin duda, el ejemplo de ustedes nos va a servir para que el grueso de sectores de la economía colombiana, firme en las próximas semanas y meses, unas rutas por la integridad parecidas a las que vamos a firmar hoy con ustedes.

Acá, lo importante es seguir construyendo juntos, es seguir identificando áreas de mejoramiento, porque sabemos que hoy por hoy es el comienzo de un proceso nuevo y claro para lograr esa total integridad y transparencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país. 

Muchísimas gracias.


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