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Columna

Lucha contra la corrupción no tiene color político

Por: Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta de la República

La corrupción es una de las peores formas de violencia y corroe el contrato social entre ciudadanos y el Estado. Actualmente, es uno de los principales problemas que se presenta en dos tercios de los países del mundo evaluados por Transparencia Internacional es su Índice de Percepción de Corrupción. En el caso colombiano, según la Encuesta de Latinobarómetro, nuestro país es el único donde la corrupción es considerada el principal problema, lo cual se confirma en el estudio hecho por el Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes y El Espectador donde la percepción ciudadana arrojó, por primera vez, que la preocupación de los colombianos por la corrupción (19%) supera la del conflicto armado (16.2%).

En su definición base, la corrupción es entendida como “el abuso de un cargo público para el beneficio privado”, es decir, donde el interés individual prima sobre el general que es el principal valor que debería regir la ética y moral de quienes ejercemos como funcionarios públicos.

Según el más reciente estudio revelado por el monitor Ciudadano de la Corporación Transparencia por Colombia, la corrupción le cuesta al país 17,9 billones de pesos. Una cifra absurda y alarmante que arrebata la oportunidad de hacer inversiones estratégicas para el desarrollo de Colombia, como la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, del canal del Dique, las obras de mitigación en tantos municipios en riesgo ante los desastres invernales, el fortalecimiento de la navegabilidad y de las vías férreas, mejorar el presupuesto para la educación, el puente Pumarejo, más y mejores investigaciones, aumentar el presupuesto para las regiones, entre muchas otras inversiones.

Este cáncer ha generado el más grande debilitamiento en la historia de nuestras instituciones que fueron pensadas inicialmente hace 200 años por Bolívar y Santander. Cada vez los ciudadanos confían menos en el ordenamiento del ejecutivo, legislativo, judicial y en los órganos de control; esto sin mencionar que los Partidos Políticos como agentes de la democracia están también perdiendo progresivamente su legitimidad. La corrupción representa hoy la principal amenaza contra la democracia de Colombia y es necesario que todos, sin importar las banderas ni colores políticos, trabajemos juntos en la construcción de un Estado transparente y eficiente en la ejecución del patrimonio público.

En el Gobierno del Presidente Iván Duque hemos sido constantes en la lucha contra la corrupción, esta fue una de las banderas de la campaña y hoy le estamos cumpliendo a los colombianos. Muestra de ello es que, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo “Pacto por la Legalidad” se contempla una alianza contra la corrupción en donde se invertirán 3,1 billones de pesos encaminados a fortalecer la denuncia, endurecer las penas, estandarizar los pliegos de contratación, articulación interinstitucional, redición de cuentas, entre otros. Si en algo hemos coincidido el Presidente Duque y yo desde antes de participar de la consulta interpartidista, es en la búsqueda y promoción de un Estado fuerte, sólido, transparente, eficiente y con una ciudadanía empoderada que participe permanentemente en las decisiones públicas. Este es nuestro compromiso y no descansaremos hasta el último día de Gobierno.

Resulta lamentable que en la pasada legislatura se hayan hundido,  por cuestión de trámite, varios de los proyectos de ley de diferentes orígenes que estaban encaminados a la lucha contra la corrupción. El Gobierno nacional junto con el Congreso de la República tenemos el compromiso y el deber moral de responder al mandato que nos exige el 1er constituyente, para hacer un frente contra estas prácticas turbias para empezar a visionar lo que queremos ser como país cuando cumplamos los 300 años de la consolidación como República.

En esta nueva legislatura, buscaremos combatir la corrupción desde dos frentes: prevención y sanción. Por esa razón, y luego de unas mesas de trabajo con la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Fiscal General y varios Partidos Políticos, el pasado 20 de julio, junto al Presidente Iván Duque radicamos, el texto del proyecto de ley  de medidas penales que se hundió en la conciliación de Senado y Cámara, que incluye no más casa por cárcel a los corruptos; y  el  proyecto de ley “Pedro Pascasio Martínez”, enfocado en la prevención: búsqueda de beneficiarios reales finales, reforzamiento interinstitucional, contratación pública, sistemas unificados de información, protección a denunciantes y delación, recompensas, pedagogía para la promoción de la transparencia, entre otras que alinean a Colombia con los estándares internacionales de transparencia.

Queremos que esta sociedad sea drástica y contundente en castigar a los corruptos, pero sobre todo eficiente en prevenir la corrupción, de modo que  invito a la ciudadanía, a los gremios, las universidades y en especial a todos los Partidos Políticos a que nos unamos y entendamos que la lucha contra la corrupción no tiene colores políticos y aprobemos estas iniciativas que muchos beneficios le traerán a Colombia.


​​​Publicada en el El Espectador

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